Los eternos desheredados del sur de América: los mapuches, “el pueblo de la tierra”

El conflicto mapuche volvió a aparecer en la agenda argentina en medio de una confrontación política sobre la disposición de tierras en disputa y la posible respuesta del Estado frente a las proclamas ancestrales: reconocer territorios para las comunidades o protagonizar desalojos a manos de las fuerzas del orden, esa es la cuestión. 

Al sur del país, en la Patagonia, la hermosa localidad de Villa Mascardi acapara la atención hace días, siendo una escondida jurisdicción de la provincia de Río Negro, a tan solo 35 kilómetros de la turística ciudad de Bariloche. En efecto, aquel pueblo plagado de montañas nevadas, con un lago digno de una postal, la naturaleza verde y su típico clima seco, es el escenario de la cruzada que enfrenta a un grupo de raíces indígenas con vecinos "en defensa de la propiedad privada", gobernadores y, por supuesto, la Policía.  

¿Qué está pasando?

Allí, hace tres años que la comunidad Lafken Winkul Mapu ocupa algunas hectáreas del conocido Parque Nacional Nahuel Huapi, que reclama como propias. Se trata del mismo lugar donde fue asesinado en 2017 el joven Rafael Nahuel, 'Rafita', un mapuche de 21 años que, según la autopsia, falleció por una bala de la Prefectura. Aquella situación quiso ser disfrazada como un "enfrentamiento" por parte del Gobierno de Mauricio Macri, y la Justicia todavía no emitió una sentencia final contra el prefecto implicado. Igualmente, por la conmoción generada en su momento, no prosperó el desalojo, y en 2019 el peronismo arribó a la Presidencia. 

El tiempo pasó, pero no la tensión. Aquel grupo permaneció firme en el sitio, aumentando el malestar a su alrededor. El punto de ebullición llegó el último sábado, cuando decenas de personas con banderas argentinas llegaron en sus vehículos a la Ruta 40, que conecta casi todo el sur, para protestar y repudiar a los indígenas. Lo llamaron el "Banderazo Patriótico". Estos lugareños alegaban ser víctimas de ataques incendiarios, además de piedrazos contra viviendas y automóviles particulares.

Por su parte, la gobernadora provincial, que no puede enviar a uniformados al parque nacional para expulsar a esos mapuches, solicitó al Gobierno de Alberto Fernández que actúe de inmediato. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, una antropóloga con un discurso contra la 'mano dura', no solo se rehusó a interceder por considerar que este es un conflicto político-territorial que excede a su cartera, sino que el propio Ministerio impulsó una denuncia penal contra los manifestantes. ¿El argumento? Se habría incentivado la portación de armas, "con intenciones de generar y producir hechos de violencia". De hecho, la comunidad mapuche señala que sobraron las consignas racistas.

La situación de Mascardi es solo un reflejo de lo que pasa en otras zonas de la provincia. En El Bolsón, reconocido por muchos como el 'pueblo hippie' del sur, unas 140 familias vinculadas a la cultura aborigen se instalaron en otro terreno disputado. Esto causó diatribas del intendente, que las acusa públicamente de tener presuntos fines inmobiliarios, como la venta ilegal de valiosas tierras. También hubo pequeñas protestas vecinales, luciendo otra gran bandera albiceleste. 

La visión del Parlamento Mapuche

En las últimas horas, medios hegemónicos lanzaron publicaciones especiales sobre el tema, repasando todos los ataques a la propiedad privada en la zona, atribuidos a la comunidad mapuche ya mencionada. Sin embargo, ninguno de ellos consultó a las agrupaciones aborígenes, para dar su versión del problema o, por lo menos, conocer su reclamo histórico. Incluso pusieron en duda su condición de mapuches, argumentando que el Estado no los reconoce como tal y que las otras comunidades no aceptan al grupo Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi.

En el Parlamento Mapuche de Río Negro tienen una visión completamente opuesta. Esta organización representativa, nacida en los 80, sirve de nexo entre el Estado provincial y los grupos aborígenes, algo clave para una jurisdicción que alberga a por lo menos 160 comunidades. La entidad cuenta con cuatro consejeros, que cobran un salario de la administración pública, pero son designados por las agrupaciones.

Por: Orlando Carriqueo, portavoz del Parlamento Mapuche en Río Negro

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